El Consell de Mallorca lleva meses elaborando una ley que, según quienes la han leído con atención, no protege la Serra tanto como la cierra.
La plataforma Dret de Pas presentó esta semana 3.364 firmas de alegaciones al proyecto de ley de la Serra de Tramuntana —el período de exposición pública cierra este miércoles 15 de abril— y lo hizo con un argumento que difícilmente admite réplica: si la Tramuntana es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011, reconocida precisamente por la relación histórica entre sus habitantes y su territorio, parece incongruente que una ley de protección empiece por prohibir el paso. «Estam d’acord que les coses es regulin, però s’ha de fer bé», declaró Pep Estopà, portavoz de la plataforma y ciclista aficionado que se enteró de los planes del Consell hace mes y medio. No era funcionario ni activista profesional. Era alguien que quería seguir subiendo a la montaña.
EL PROBLEMA REAL NO ES LA BTT. ES QUIÉN DECIDE QUIÉN PASA
La prohibición de la bicicleta de montaña acaparó los titulares. Pero lo que alarma a excursionistas, abogados y colectivos sociales va mucho más allá del debate entre ciclistas y senderistas. El núcleo del conflicto es el derecho de paso y, sobre todo, la ausencia de un catálogo de caminos públicos que, según establece la Ley de Caminos de 2018, los municipios tendrían que haber completado hace años. Muchos no lo han hecho. Sin catálogo, el camino no existe oficialmente. Y si no existe oficialmente, el propietario de la finca puede cerrarlo sin que el ayuntamiento tenga herramientas jurídicas para impedirlo.
Según la información publicada por Ara Balears, hasta 300 caminos catalogados como públicos en Mallorca continúan cerrados, muchos en medio de litigios administrativos entre administraciones y propietarios, con resoluciones judiciales que tardan años en llegar.
Nadie ha colocado ese candado de golpe. Ha sido una erosión lenta, finca a finca, cerrojo a cerrojo, mientras la administración miraba hacia otro lado.
LO QUE SIGNIFICA PERDER UN CAMINO
El caso del camino de Ternelles, en Pollença, funciona como advertencia. Era un camino reial —una vía histórica de uso público que conectaba comunidades— hasta que quedó dentro de una finca privada tras la compra del castillo del Rei. Después de varios procesos judiciales, acabó siendo considerado privado a pesar de su trayectoria histórica. Uno de los argumentos de la propiedad fue la presencia del buitre negro y la necesidad de preservación del entorno. Puede que el argumento sea legítimo. Pero conviene recordar que el buitre negro lleva décadas conviviendo con el tránsito humano en esos mismos territorios. Lo que ha cambiado no es el buitre. Es quién puede pagarse una finca en la Serra.
El problema real no es si hay bicis o no. Es que un camino por el que caminaron generaciones de mallorquines puede desaparecer para siempre si nadie lo defiende antes de que la ley lo consagre como privado.
Estopà lo explicó con un ejemplo concreto: «Al camino viejo entre Palma y Puigpunyent hay siete fincas privadas, y algunas no se sabe de quién son. Si ya es complicado documentar los caminos, imagínate aclarar esto.»
LOS CAMINOS QUE TODAVÍA PUEDES RECORRER
Mientras la ley se debate, la Serra sigue siendo accesible. No toda —nunca lo ha sido— pero sí en una medida que muchos mallorquines desconocen porque llevan años mirando la montaña desde la autopista de Andratx sin bajarse del coche.
El Camí de S’Arxiduc —el recorrido que el Archiduque Luis Salvador de Austria trazó como paseo privado y que hoy puede hacerse con permiso desde Valldemossa— es uno de los más nombrados, pero también uno de los que menos gente conoce de verdad. Arranca entre olivares y termina con vistas sobre los acantilados del noroeste que justifican cualquier esfuerzo. El camino de los carboneros entre Esporles y Banyalbufar atraviesa un bosque de encinas donde todavía se reconocen los corrales de piedra en seco que usaban los carboners del siglo XIX. El Camí des Correu —antigua ruta postal— conecta pueblos que hoy solo se alcanzan en coche. Todos tienen en común que alguien los construyó, alguien los mantuvo y alguien los recorrió durante siglos. No nacieron de una planificación turística. Son el trazado físico de cómo se vivía en la montaña.
Las fuentes —símbols de la muntanya antes de que llegara el agua corriente— forman otro capítulo aparte. La Font de s’Avenc, la Font des Prat, la Font de la Vila en Pollença: la mayoría siguen manando, algunas son accesibles, otras están dentro de fincas cuyo propietario actual probablemente no sepa que existían cuando adquirió el terreno.
QUÉ DICE LA LEY Y QUÉ PROPONE LA OPOSICIÓN
El proyecto del Consell —gobernado por PP y Vox— ha generado una respuesta transversal que no se divide exactamente por líneas ideológicas. El PSIB ha presentado 35 enmiendas al articulado, y su portavoz en el Consell, Catalina Cladera, ha pedido que la ley garantice el acceso a los caminos públicos tradicionales mediante la elaboración de catálogos, sin necesidad de solicitar permisos. También piden que se reconozca el papel histórico de las mujeres en la preservación de la Serra —algo que los estudios etnológicos documentan con claridad y que la ley actual ignora— y que se incremente el presupuesto de los órganos rectores del espacio protegido con, al menos, el 1% del presupuesto anual del Consell.
Por su parte, la Coalició per Mallorca —antes El Pi— ha avisado de que «esta ley no puede convertir la Serra en un espacio vacío» y ha pedido protección para los porxos de oliverar como forma de mantener actividad agraria real en la montaña. Sin payeses, la Serra se abandona. Sin acceso, se privatiza. Los dos riesgos son reales y la ley actual, tal como está redactada, no resuelve ninguno de los dos.
El Consell —a través del conseller Toni Fuster y el director insular Antoni Solivellas— ha mostrado, según Dret de Pas, disposición a aceptar algunas alegaciones. Disposición, de momento, no es lo mismo que compromiso escrito.
QUÉ MIRAR AHORA
El plazo de alegaciones cerraba este 15 de abril. Lo que ocurra en las próximas semanas en el Consell de Mallorca determinará si la ley se modifica antes de su aprobación definitiva o si el debate regresa —más encendido— cuando alguien llegue a una cadena y un cartel que diga «paso privado» en un camino que su abuelo recorrió durante décadas.
Tres fechas y tres procesos para seguir de cerca: la respuesta formal del Consell a las alegaciones presentadas, el trámite parlamentario de las enmiendas del PSIB y la Coalició per Mallorca, y —con carácter más urgente— el estado real del catálogo de caminos públicos en los municipios de la Serra. Ese catálogo que la ley de 2018 exige y que, siete años después, sigue sin completarse. Lo que no se cataloga no se protege. Y lo que no se protege desaparece.
