La mayor discográfica del mundo lleva años cotizando por debajo de lo que vale, según el hombre que acaba de ofrecer comprarla entera.
Pershing Square, la firma de Bill Ackman, presentó a principios de abril una oferta no vinculante para adquirir Universal Music Group en una operación valorada en 64.000 millones de dólares —unos 55.000 millones de euros según el cambio manejado en distintas fuentes. La propuesta contempla fusionar Universal con Pershing Square SPARC Holdings para crear una nueva entidad, bautizada ya como New UMG, que pasaría a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Ackman prevé completar la transacción antes de que acabe 2026.
El movimiento no viene de la nada.
POR QUÉ ÁMSTERDAM YA NO LE SIRVE A ACKMAN
Pershing Square entró en el accionariado de UMG con un 10% en junio de 2021, cuando la compañía aún era parte de Vivendi. En septiembre de ese mismo año, las acciones comenzaron a cotizar en Ámsterdam tras la escisión, revalorizándose más de un tercio en el debut y alcanzando un valor de mercado de 47.000 millones de euros. Fue un buen principio. Luego llegaron los años de estancamiento.
La cotización de UMG —según explicó el propio Ackman en el comunicado de la oferta— «se ha estancado debido a una combinación de problemas ajenos al desempeño de su negocio musical». Entre ellos: la incertidumbre sobre la estabilidad de la participación del 18% del grupo Bolloré, el retraso en su estreno en el mercado bursátil de EE.UU., la falta de un modelo conocido de generación de beneficios y una deficiente relación con inversores.
Nadie en Wall Street sabe bien qué hacer con una empresa europea que gestiona el catálogo más grande del planeta.
La cotización de UMG acumula una depreciación del 15% en el último año, y Ackman —que llegó a tener el 10% del capital— fue reduciendo su participación a lo largo de 2025, tras la negativa de la compañía a trasladar su domicilio a Estados Unidos. Ahora posee el 4,7% y figura como cuarto accionista, por detrás de Bolloré (más del 18%), Tencent (cerca del 11%) y Vivendi (10%).
La operación está sujeta, entre otras condiciones, a un nuevo contrato laboral y un nuevo plan de compensación para el CEO de UMG, Lucian Grainge. Lo que se negocia no es solo una dirección postal.
QUÉ HAY DENTRO DE UNIVERSAL QUE VALE ESE PRECIO
El catálogo de UMG no es un activo ordinario. Los ingresos anuales de Universal Music Group superaron los 12.000 millones de dólares, sostenidos en gran medida por el streaming, que representó en 2023 aproximadamente el 32,5% de todos los ingresos procedentes de la música digital a nivel mundial. En los listados, la presencia es abrumadora: en el segundo trimestre de 2025, UMG colocó ocho de los diez álbumes y seis de las diez canciones más reproducidas en Estados Unidos.
El catálogo incluye a Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, Ariana Grande, Drake, Aitana, Rosalía, The Beatles, Bob Dylan y Kendrick Lamar, entre decenas de otros. En su rama de publicación musical en España, el sello tiene bajo contrato a artistas como Aitana, Alejandro Sanz, Amaia, Morat, Leiva o Lola Indigo.
Quien controla UMG controla cuánto cobran esos artistas cada vez que alguien reproduce una canción en Spotify, la pone en un anuncio o la sincroniza en una serie.
LO QUE CAMBIA PARA LOS ARTISTAS — Y LO QUE PODRÍA CAMBIAR
El problema real no es si la empresa cotiza en Ámsterdam o en Nueva York. Es quién negocia los contratos cuando la estructura de propiedad cambia de manos.
Las adquisiciones grandes tienden a priorizar la reducción de costes. En una discográfica, los costes son los avances a artistas, los gastos de promoción y los royalties. La historia de las consolidaciones en la industria musical —desde la fusión de Sony y BMG en 2004 hasta la absorción de EMI por parte de la propia Universal en 2012— muestra un patrón consistente: los sellos que resultan de grandes operaciones corporativas suelen revisar los contratos en las renovaciones, no al día siguiente.
Pero hay una excepción documentada que complica ese argumento. En la renegociación del contrato de Taylor Swift con UMG en 2018, la compañía se comprometió a compartir con los artistas cualquier ganancia obtenida por la venta de participaciones en Spotify. Esta condición garantiza que parte de los recursos derivados de operaciones financieras no se destinen solo a los accionistas, sino también a los músicos representados por el sello —entre ellos Bad Bunny y Lady Gaga.
Esa cláusula —informal y popularmente llamada la «cláusula Taylor Swift»— no desaparece con un cambio de accionista mayoritario. Los contratos individuales sobreviven a las operaciones corporativas. Lo que sí cambia es el peso relativo del artista en las negociaciones futuras: con un nuevo propietario que llega con deuda, el interés en maximizar los ingresos a corto plazo sube.
Y en el streaming, maximizar ingresos significa negociar tarifas con Spotify, Apple Music y YouTube. Los artistas no participan directamente en esas negociaciones.
El apoyo de Bolloré es el obstáculo real. Pershing necesita dos tercios de los votos para respaldar sus planes, lo que hace indispensable el respaldo del grupo Bolloré, primer accionista con más del 18% del capital. Sin ese apoyo, la operación no se cierra.
La negociación con Lucian Grainge —CEO de UMG desde 2011— definirá las condiciones reales de la transición. Si Grainge negocia bien, las estructuras de royalties actuales podrían mantenerse. Si sale en el proceso, la dirección artística de la compañía queda en el aire.
Y está la cuestión regulatoria. Una operación de esta magnitud pasa por los reguladores de competencia europeos y estadounidenses. Ackman prevé completar la transacción antes de que acabe 2026, pero ese calendario depende de aprobaciones que ningún fondo de inversión controla solo.
