Nada más empezar a hablar la fiscala las luces de la sala de plenos del Tribunal Supremo se apagaron. Solo quedaron encendidos dos candelabros dorados colgantes, de luz amarillenta, que daban a la sala un aspecto tétrico de palacio con olor a cerrado.
Un espacio rectangular por detrás y ovalado por delante, con suelos y paredes de mármol. Las paredes revestidas con seda de color sangre y envejecidas por el paso del tiempo con chorretones oscuros de humedad. Bancos de madera forrados de mullido granate para los togados del estrado. Para el resto, público y periodistas, sillas individuales señoriales, de respaldo alto, que capaban la vista general de la sala. En el techo, a modo de amparo, la representación de la Justicia plasmada en un fresco por Marceliano Santa Maria en 1924.
El Supremo se incendió en 1915 y hubo que levantar de nuevo el edificio entero. Las cenizas destruyeron casi todas las obras de arte que albergaba. Desde entonces preside la sala un escudo de Mariano Benlliure de 1932, en la Segunda República.
“Ni un solo céntimo de dinero público puede quedar sin justificación”, remarcó Maria Ángeles Berrocal
El Tribunal lo componen cinco hombres y una mujer. El presidente del tribunal, XXX, ocupa la misma silla presidencial en la que se sienta Felipe VI en la inauguración del curso judicial desde hace tres septiembres.
Varios alumnos de Derecho acudieron a visitar el último escalón del Poder Judicial en uno de sus días grandes. Algunas aspirantes a abogadas se entretuvieron con los mensajes de felicidad suprema estampados en la portada azul del cuaderno de una conocida marca. Otras prefirieron darle al móvil en momentos de sopor. Teléfonos prohibidos dentro de la sala para los periodistas. Un chico de aparentísima juventud se durmió durante una hora y abrazado a sí mismo, hasta el primer y único receso del día.
Durante el sueño, María Ángeles Garrido, representante del Ministerio Fiscal, se trababa al pronunciar el Urdangarin de “don Ignacio” y el Siriaimasu de una de las empresas controladas por Diego Torres y el marido de la infanta Cristina. Titubeante, como dispersa cuando leía de corrido su exposición.
“Había suficiente material instructor”, bramó el representante de Manos Limpias, a la vez que recordó que el pseudosindicato no era el acusado, sino el acusador. Aunque dotó a su argumentación de cierto empaque al recurrir el pago de las costas sus palabras sonaron débiles por la nefasta reputación de la polémica organización. Miguel Bernard, el presidente encarcelado de la organización durante los últimos días del juicio por el caso Nóos y a la espera de juicio, acudió como público a la Sala. Algo más delgado pero con la mirada más fuerte.
“Ni un solo céntimo de dinero público puede quedar sin justificación”, remarcó Maria Ángeles Berrocal, abogada de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. En una impecable y breve intervención la letrada solicitó, una vez más, que se devuelvan los 2,5 millones de euros públicos defraudados “en una causa penal nada fácil” que dura más de siete años.
La mañana suprema había empezado a eso de las ocho con la toma de posiciones por parte de la prensa tras el espacio vallado para las cámaras y los micrófonos de las ediciones especiales de los programas matinales.
Justo después de la exposición de la Abogada de Baleares hubo un receso de veinte minutos, que al final fueron treinta. En los pasillos se cruzaron Berrocal y Zaforteza, abogado de Jaume Matas, que lució mandíbula prieta en lugar de explotar de rabia contra la letrada que, además de cárcel, persigue la guita esfumada del ex molt honorable president.
El defensor de don Ignacio Urdangarin, Mario Pascual Vives, estaba sentado frente a la fiscala. Su despaciosidad oral pronunció su congestión nasal. El abogado divagó sobre la palabra influencia y sus tráficos. Y Pau Molins, abogado de la infanta, se ajustó el nudo de la corbata mientras alzaba la mirada hacia un lugar indefinido.
Pascual Vives es el hombre tranquilo que durante años consiguió pasar por un señor de madera, sin fondo y sosaina. Y solo él sabe el sacrificio personal que conlleva su estrategia. A medida que iba desapareciendo su taponamiento de nariz a Mario Pascual se le iba secando la boca, hasta que dejó de hablar.
Un letrado ajeno a la causa visitó la sala en uno de sus días grandes y tomó nota y notas sobre las argumentaciones casacionales de Nóos
Manuel González Peeters, defensor De Diego Torres y de su mujer, Ana María Tejeiro, también habló como de nariz. No por catarro, sino porque simplemente habla así. La primera puya se la lanzó a su vecino de asiento, el abogado de Urdangarin. El letrado resaltó que él no sobrepasaría el tiempo estipulado como acababa de hacer don Mario. González Peeters tiene la sensación, y así lo expresó, de que él mismo no asistió al juicio de Palma durante seis largos meses. Aunque nadie olvida la presencia del defensor que animaba, o al menos lo intentaba, los días de vista soporífera.
Al abogado madrileño de Matas se le atascó el botón del micrófono antes de empezar a hablar. Iñigo Ortiz de Urbina estaba nervioso y se dijo “honrado” al ser el elegido para argumentar el recurso del ex todopoderoso presidente balear. Desgranó lo que él mismo calificó como un “galimatías del Camarote de los hermanos Marx”.
Un letrado ajeno a la causa visitó la sala en uno de sus días grandes y tomó nota y notas sobre las argumentaciones casacionales de Nóos, en una previa de lo que él mismo protagonizará esta primavera.
Puntas de narices enrojecidas, yemas de los dedos sin sensibilidad y abrigos a modo de mantas. Una escena de brasero.
El frío de la calle traspasó los muros del Supremo y llegó a la sala de plenos hasta que el abogado de la infanta pidió ausentarse “un momento por motivos fisiológicos”. Pero la gelidez volvió a la sala en cuanto el catalán regresó a la sala. Puntas de narices enrojecidas, yemas de los dedos sin sensibilidad y abrigos a modo de mantas. Una escena de brasero.
Pau Molins esbozó, por primera vez, la torpeza del pseudosindicato al solicitar una condena tan alta y volvió a cargar contra Manos Limpias. Les acusó de mala fe por pedir ocho años de cárcel para “Su Alteza Real, la infanta Cristina”, a pesar de que la hermana de Felipe VI solo fue condenada por lo civil. Era la última vez que la defensa de Cristina de Borbón intentaba reparar su honor. Aunque en la calle la pena para ella sea ya sumarísima. E irreparable.
